El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, confirmó este viernes la suspensión por dos años de los derechos políticos de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, tras una denuncia presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld por violencia política de género. La sentencia, que también impone una multa de 30 salarios básicos unificados (equivalentes a USD 14.100), responde a la resolución inicial dictada el 27 de febrero y fue ratificada tras el pedido de aclaración solicitado por la defensa de Abad.
La denuncia de Sommerfeld, presentada en octubre de 2024, acusó a Abad de proferir declaraciones públicas que, según la canciller, menoscabaron su imagen y obstaculizaron su labor como ministra de Relaciones Exteriores, utilizando estereotipos de género y expresiones discriminatorias. El juez Ortega determinó que dichas conductas se enmarcan en el artículo 279 del Código de la Democracia, que tipifica la violencia política de género como una infracción electoral grave. Además de la suspensión de derechos, la sentencia ordena a Abad ofrecer disculpas públicas a Sommerfeld en un plazo de 30 días mediante una publicación en un diario de circulación nacional.
Tras la resolución inicial, la defensa de Abad, liderada por el abogado Damián Álvarez, interpuso un recurso horizontal de aclaración, argumentando supuestas ambigüedades en la motivación del fallo, incluyendo la falta de citación adecuada y la interpretación de los estereotipos de género. Sin embargo, Ortega desestimó estos planteamientos en su providencia del 7 de marzo, afirmando que la sentencia está “plenamente respaldada en el ordenamiento jurídico” y que no presenta oscuridad alguna. El juez destacó que Abad fue notificada conforme a la ley y que su participación en el proceso –como la solicitud de diferimiento de audiencia– demuestra que tuvo conocimiento de las actuaciones.
Con esta ratificación, la decisión final queda ahora en manos del pleno del TCE, ante el cual la vicepresidenta tiene tres días para presentar un recurso vertical de apelación. De confirmarse la sanción, Abad no podría ejercer cargos públicos ni participar en actividades políticas hasta marzo de 2027, lo que afectaría su rol como segunda mandataria, cuyo período culmina en mayo de 2025. La controversia se da en un contexto de tensiones entre Abad y el gobierno de Daniel Noboa, marcadas por su designación como embajadora en Israel y su traslado a Turquía, medidas que ella ha calificado como un “exilio forzoso”.
El caso ha generado reacciones divididas: sectores afines al Ejecutivo respaldan la sanción, mientras que críticos, incluidos algunos juristas, cuestionan su constitucionalidad y advierten sobre posibles implicaciones políticas en un año electoral. Por ahora, el desenlace depende de la resolución del TCE, que podría tardar hasta 28 días hábiles, según los plazos legales.
Comentarios