La asambleísta por Azuay, Camila León, presentó el 22 de agosto el Proyecto de Ley Orgánica de Repetición ante la Asamblea Nacional, una iniciativa que busca que el Estado ecuatoriano recupere recursos económicos pagados por perjuicios causados por acciones u omisiones de funcionarios y exfuncionarios públicos. La propuesta, que pretende resarcir el erario público por daños derivados de dolo o culpa grave, responde a la necesidad de fortalecer la fiscalización y garantizar un manejo responsable de los fondos estatales.

El proyecto establece que el Estado podrá exigir la devolución de valores pagados a particulares debido a violaciones de derechos o deficiencias en servicios públicos, causadas por funcionarios en el ejercicio de sus cargos. Según León, la norma regula una figura legal que promueve un sistema más justo, asegurando que los responsables reparen el daño económico. En 2024, Ecuador perdió USD 2.100 millones en litigios por mala gestión pública, según estimaciones de la Procuraduría General del Estado, lo que subraya la relevancia de esta iniciativa.

La propuesta detalla tres criterios para determinar responsabilidades: la existencia de dolo o culpa grave, una resolución definitiva que obligue al Estado a pagar indemnizaciones, y un nexo causal entre la acción u omisión y el perjuicio. El proceso de repetición incluye dos fases: una administrativa interna en las instituciones públicas y una jurisdiccional ante un juez, con subfases que garantizan un procedimiento ordenado. Además, los servidores públicos podrán defenderse en ambas fases y en los juicios principales, asegurando un equilibrio en el proceso.

El proyecto, que deroga disposiciones dispersas del Código Orgánico Integral Penal (COIP), ha generado debate en la Asamblea, donde será analizado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Críticos, como el jurista César Calvache, han sugerido precisar el procedimiento cuando el responsable es la máxima autoridad de una institución. La iniciativa se alinea con el artículo 233 de la Constitución, que ya contempla el derecho de repetición, pero busca un marco normativo más claro y efectivo para su aplicación.

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