El Bloque de Seguridad, a través de las Fuerzas Armadas, decomisó 1.022.457 galones de combustible en lo que va de 2025, generando una afectación económica de 21,5 millones de dólares a las redes ilícitas. Esta cifra marca un incremento del 78,9% en volumen incautado y del 62,1% en pérdidas financieras respecto a 2024, cuando se registraron 571.337 galones con un impacto de 13,3 millones de dólares. Las operaciones incluyeron la destrucción de 1.095 acoples clandestinos, 81 pistas artesanales de acoples y 28 pistas clandestinas, afectando directamente la extracción y transporte ilegal de hidrocarburos.

De los galones decomisados este año, 696.136 corresponden a gasolinas, 113.255 a gasolina blanca, 116.783 a diésel y 96.284 a derivados de combustible. El diésel, segundo en volumen incautado, juega un rol clave en actividades ilícitas como la minería ilegal, que utiliza maquinaria pesada dependiente de este recurso. Estas incautaciones no solo representan un delito económico, sino que están vinculadas al narcotráfico y al financiamiento de grupos criminales organizados, como Los Tiguerones, Los Lobos, Los Choneros y Los Gánsters en Esmeraldas, que emplean el combustible para sostener operaciones delictivas.

Los esfuerzos se concentran en tramos vulnerables de poliductos como Libertad-Manta, Libertad-Pascuales, Pascuales-Cuenca y Santo Domingo-Esmeraldas. En los tres primeros, la geografía costera facilita perforaciones, pero tras intensificación de controles, las mafias han desplazado actividades al tramo Santo Domingo-Esmeraldas, con un aumento de ataques en el último semestre. Solo este fin de semana, el Ejército decomisó cerca de 7.000 galones en Shushufindi y la ruta La Libertad-Pascuales, demostrando una respuesta inmediata en múltiples frentes.

Para combatir el fenómeno de forma estructural, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas impulsa un proyecto de automatización de mando y control para monitoreo en tiempo real de poliductos y detección inmediata de perforaciones. Esta medida se complementa con la eliminación del subsidio al diésel, que reduce incentivos al contrabando y dificulta el acceso a combustible barato para mafias. El Gobierno del presidente Daniel Noboa Azin y el Ministerio de Defensa, bajo el ministro Gian Carlo Loffredo, priorizan asfixiar financieramente a las redes criminales y recuperar el control territorial.

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